Ante el vencimiento de la ley de mediación y conciliación nacional en abril próximo, la Unión de Mediadores Prejudiciales (UMP) advirtió que si no se sanciona una nueva norma el sistema judicial podría colapsar. “Si no se aprueba una nueva ley, el sistema judicial entrará en crisis al retornar a la Justicia todo lo que por año se resuelve en mediación”, señaló el titular de la UMP, Sergio Abrevaya.

Se trata de cerca de 80 mil mediaciones que se realizan por año y que se podrían transformar en causas judiciales. “Esto significaría involucionar de buenas soluciones alcanzadas en mediación a sentencias que nunca satisfacen a nadie”, opinó Abrevaya.

La ley que regula la actividad es la 24.573 fue sancionada en octubre de 1995, y vence el 24 de abril de 2008 cuando finalice la segunda prórroga de la norma. El Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto para mantener en vigencia la ley. “Estamos mandando el proyecto de la Ley de Mediación, que nosotros queremos que se trate este año. Creemos fuertemente en la mediación, después de la pruebas piloto de diez años entendemos que ahora debemos instalarla en forma definitiva”, dijo la viceministra de Justicia, Marcela Losardo, en un reportaje con Diariojudicial.com.

La ley 24.573 establece la mediación obligatoria previa a todo juicio excepto para las causas penales, en aquellas que el Estado Nacional sea parte o en las que se tramiten en la Justicia del Trabajo, los divorcios, la patria potestad, amparos y hábeas corpus, concursos preventivos o quiebras, entre otro casos.

En la UMP hay preocupación por los tiempos. Para abril, en plazos legislativos falta poco, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales de octubre, que prácticamente paralizan al Congreso, la renovación de diputados y senadores, y el receso de verano. Por eso los mediadores mantuvieron reuniones con legisladores nacionales y con asesores de Losardo.

Los mediadores pidieron hace una semana un nuevo encuentro con Losardo para abordar dos temas puntuales: las estadísticas y el control del trabajo de los profesionales. Hasta el momento no recibieron respuesta.

Al respecto la viceministra sostuvo que no cuentan con información y resaltó el alto crecimiento de la mediación privada por sobre la oficial.

“Proponemos un sistema informático que el Ministerio tiene para que genere mensualmente la información estadística de lo que cada mediador hizo. Y un sistema de control que aprenda de los sistemas que tienen otros organismos”, explica el titular de la UMP.

“Un sistema de control lo hace la Justicia. Pero sobre todo un buen sistema de control es un sistema disciplinario. El actual hace que a los mediadores los juzgue un sumariante. Y creemos que lo tiene que hacer un conjunto de pares. Que la instrucción de sumario y la definición la tendría que hacer una suerte de comisión de mediadores como en el Colegio Publico de Abogados lo hace un comité de ética”, puntualizó Abrevaya.

Por otra parte, Losardo puntualizó que de 1996 a 2006 las mediaciones oficiales pasaron de 42.457 a 6.320. Para Abrevaya “esos 6 mil casos demuestran que ambos sistemas son buenos y que el 90 por ciento entendió que la mediación privada es buena. Este es otro sistema de control”. El titular de la UMP también revindicó la “buena opinión de la temática” que tiene Losardo.

Actualización salarial

Desde la UMP también reclaman que los honorarios de los mediadores sean actualizados ya que están congelados desde 1998. “En este momento la actividad la financian los mismos mediadores, ya que nuestros honorarios fueron fijados por decreto del Poder Ejecutivo en 1998 y nunca más se actualizaron”, dice Abrevaya y le reclamó al Presidente Kirchner que firme el decreto de actualización.

En momentos en que la mayoría de los actos de gobierno tienen una lectura política en miras a las elecciones presidenciales de octubre, la viceministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, recibió en su despacho a Diario Judicial.com para hablar de los principales temas en lo que se está trabajando en la cartera. “A mi la campaña no me afecta en nada, se sigue trabajando igual”, aclaró la funcionaria, que durante la charla puso mucho énfasis en el proyecto de la Ley de Mediación. “Este medio alternativo de resolución de conflictos es muy importante”, aseguró Losardo.
Por otra parte, como representante también del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura defendió la reforma del cuerpo impulsada por Cristina de Kirchner en 2006 y aseguró que “no es verdad” que se haya asentado el corporativismo durante este año. Mientras que sobre uno de los aspectos que más interesa por estos tiempos al Poder Judicial, el de los jueces subrogantes, Losardo opinó que “hay que lograr un proyecto de ley que resuelva este tema” y se mostró a favor de que los magistrados designados sean constitucionales.
Marcela Losardo se recibió de abogada en 1985 en la Universidad de Buenos Aires, fue mediadora oficial y se especializó en ética empresarial en los Estados Unidos. Llegó a la función pública de la mano del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, siendo su asesora cuando éste estuvo a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación en la década del 90. Además, colaboró en el libro de “Lineamientos de Derechos Reales” de la ministra de la Corte Suprema Helena Higthon de Nolasco.

Restan pocos meses para que se termine, al menos, este período kirchnerista en el gobierno, ¿qué asignaturas pendientes hay en el Ministerio de Justicia?

Tenemos algunos proyectos de ley enviados. Por ejemplo, estamos mandando el de la Ley de Mediación, que nosotros queremos que se trate este año. Creemos fuertemente en la mediación, después de la pruebas piloto de diez años entendemos que ahora debemos instalarla en forma definitiva.

¿Cuáles son los puntos centrales del proyecto?

La mediación va a ser obligatoria y no como algunos planteaban que debía ser optativa. Pero obviamente va a ser obligatoria la asistencia a la mediación y por supuesto que después de asistir al proceso la parte tiene todo el derecho de no continuar.
En mi calidad de mediadora me metí mucho en el tema porque era algo que me interesó, sobre todo desde el lugar de cuando yo era mediadora y me preguntaba cómo veía la mediación y decía que cambiaría muchas cosas. La realidad que en estos diez años no podemos decir que la mediación llegó a ser lo que debió haber sido.

¿Qué le faltó?

La mediación solucionó y resolvió conflictos, pero debe tener una conciencia mucho mayor todavía. También el rol del Ministerio de Justicia lo vi muy débil, y hoy que estoy acá me pregunto qué pasa con las mediaciones oficiales. Si vemos estadísticas, en 1996 hubo 42.457 casos de mediación, pero luego con la incorporación de la mediación privada, si vamos a los números de 2006, se registraron 6.320 casos de mediación oficial. Esto significa que el crecimiento de la mediación privada con respecto a la oficial es grande. Lo que pasa es que nosotros como ministerio no tenemos un control, no tenemos estadísticas, el mediador privado está como muy independiente, entonces queremos darle más fortaleza al mediador.
Otra cosa que hay que incorporar es la actividad interdisciplinaria. Hoy nadie discute en cuestiones de familia la necesidad de un psicólogo o un perito, y eso hay que volcarlo al momento de la mediación. El abogado podrá pedir la ayuda al psicólogo por ejemplo, quien va a estar registrado. Esto no quiere decir que el abogado no puede, sino que esto daría una mirada más abarcativa y mucho más integral.
Otro punto es que se va a tener que certificar después de realizarse la mediación privada en el Ministerio de Justicia para que ésta pueda tener validez, porque es una manera de controlar. Sin estadísticas no se puede trabajar.

¿Cómo se llegó a introducir estas reformas en el proyecto?

Se tuvo en cuenta el espíritu de la mediación y mejorar todos estos diez años y ver cuáles fueron las vivencias. Todos los actores intervinieron en el tema, nos reunimos con mediadores, con el colegio de abogados, con organizaciones, escuchamos a todos y mandamos un proyecto integral. Además, entendemos que hay que abrir algunos temas más para la mediación, aunque el juicio ejecutivo y de desalojo va a seguir siendo optativo.

El proyecto no trata el tema de la mediación penal, ¿por qué?

No adentramos en el tema de la mediación penal en este proyecto porque como se estuvo elaborando el anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal creemos que el tema tiene mucho que ver con las reformas que se hicieron ahí y queremos esperar. Pero pensamos que es necesaria la mediación penal.

Estamos entrando en el momento más caliente de la campaña electoral, ¿en que afecta eso al trabajo del Ministerio de Justicia?

La verdad que nosotros, a pesar del tema de la campaña electoral, estamos trabajando igual. A mi no me afecta en nada, vamos a trabajar hasta el 10 de diciembre y si me toca seguir cuatro años más lo haré. Lo que puede afectar es en el tema del Congreso, en el tratamiento de los proyectos, pero acá en el ministerio siempre estamos haciendo cosas, no tenemos un ministerio parado.

¿Cómo ve el avance en la lucha por los derechos humanos que se ha logrado con este gobierno?

Hemos avanzado mucho. La política de derechos humanos fue vista como una política de Estado por este gobierno, no fue individual, hubo una línea rectora muy clara. Se avanzó no sólo con los juicios de nuestro pasado lamentable, que tenemos que resolver prontamente, sino también con los derechos humanos hacia delante, porque la visión de este gobierno también es cuidar los derechos humanos del hoy, que tienen que ver con la exclusión social, la corrupción, las necesidades de la gente. Fuimos avanzando y se hicieron muchas cosas. Se tienen permanentemente actualizados los centros clandestinos de detención, la digitalización de documentos, el archivo de la memoria sigue trabajando permanentemente.

¿Que pasó con el museo de la memoria en la ESMA?

El año pasado se traslado el 50 por ciento del predio. Yo creo que para antes de fin de año va a estar en funcionamiento.

¿Entiende que es una carga para el gobierno no haber podido encontrar a Julio López?

Creo que es una carga para todos los ciudadanos. Es una cuestión que independientemente del gobierno es un tema que nos preocupa mucho, no hay espacio político del oficialismo o la oposición que no viva esto como la preocupación de que esto no vuelva a ocurrir. Y es en esa línea que se está trabajando.

¿Hay alguna respuesta desde el Ejecutivo para las más de 80 ternas de jueces que la Magistratura elevó y aún no fueron designados?

Este es un tema que a todos les asiste una cuota razón. El proceso de selección de jueces es un proceso lento, y los es desde el Consejo de la Magistratura. Es cierto que cuando nosotros le enviamos las ternas al Presidente sentimos que se tarda mucho tiempo, pero tenemos que pensar en el tiempo que tiene para designar a los jueces, el Presidente tiene el derecho de tomarse todo el tiempo para evaluar correctamente, porque designar a un juez no es una pavada, es algo importante que hace a las instituciones.

¿Cuánto afecta eso a la celeridad de la Justicia?

Afecta desde algún lugar. Pero ahora que el Consejo no puede designar más subrogantes, a partir del fallo Rosas, eso si atrasa. Estoy de acuerdo con que los jueces deben ser constitucionales. Tenemos que lograr un proyecto de ley que resuelva este tema, pero que no haya otra lentitud también. Entendemos que los subrogantes pueden ser aquellos jueces que ya están jubilados o que fueron ternados y no elegidos.
Esto lo vamos a resolver dentro de un marco de institucionalidad y constitucionalidad porque hoy todos los ojos están puestos en este punto.
Pero si pensamos en estadísticas, 93 jueces fueron designados en esta gestión, 25 fiscales y 22 defensores. Lo que si se ve mucho más que antes es una mayor movilidad en el Poder Judicial y esto tiene que ver con las nuevas generaciones. Eso es bueno porque la Justicia se está renovando.

¿Está conforme con el funcionamiento de este Consejo de la Magistratura?

Lo veo mucho mejor al Consejo, si bien el espíritu de la reforma fue mejorar mucho más de lo que lo estamos haciendo. Creo que nos merecemos un Consejo mucho mejor, a pesar de que hay más agilidad, eficiencia. Los debates y los consensos son muchos más fáciles con menos gente, es una realidad.
La unificación de disciplina y acusación ayudó muchísimo. Antes había una distribución y los expedientes pasaban de un lado al otro. Hoy tenemos una comisión única en la que pedimos que se publiquen en Internet todos los temas tratados para que sepan los jueces como son las denuncias, cómo son resueltas y estamos trabajando para dar mucha mayor transparencia. Cuanto más mostremos menos dudas aparecen en el imaginario de la gente.

Un informe reciente de Poder Ciudadano resalta que el corporativismo en el Consejo se asentó con la reforma, ¿está de acuerdo?

Eso no es verdad. Si se analizan mis votos muchas veces he votado en contra de los diputados del oficialismo. Me llama mucho la atención. Hay casos en que hay unanimidad, como en el de Bisordi o Tiscornia, pero en muchas decisiones he votado con los magistrados o con los radicales. Si se analizan las votaciones se ve que este mito de que el oficialismo actúa corporativamente no tiene nada que ver. No siento ese corporativismo. Yo trabajo muy libre, nadie me está llamando y diciendo tenés que hacer esto. Estoy muy cómoda en el Consejo.

¿Qué le faltaría al Consejo?

Creo que podemos tener mayor celeridad. Y mejorar lo comunicacional, que va a ayudar mucho. Hay que mejorar la comunicación para que los jueces no piensen que el Consejo es un lugar donde se los persigue. La realidad es que en la mayoría de los casos hay desestimaciones.

En el encuentro de jueces que se realizó en Salta hubo reclamos por el presupuesto, ¿qué puede decir sobre eso?

Los jueces piden más presupuesto y la autarquía. Yo creo que el presupuesto es importante y que en realidad tiene que ver con cómo se administra, independientemente de que se necesita mucho más. Y justamente lo que creo que se trató en este congreso fue la administración, la racionalización de gastos y la organización del presupuesto. Siempre es mejor tener más presupuesto, pero cuando tengamos otros sistemas eficientes, con indicadores, sabremos cuánto más necesitamos, porque justamente hoy no los sabemos. Por eso tenemos que establecer indicadores de justicia unificados para facilitar la elaboración del mapa judicial, un tema que debemos tratar fuertemente en la Magistratura.

Tres meses después del primer encuentro, cerca de 200 mediadores volvieron a encontrase este miércoles 13 de junio para avanzar en temas importantes que influyen diariamente en su actividad. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), en avenida Corrientes al 1700.

Luego de escuchar informes de las autoridades provisorias, donde se detallaron las reuniones y acciones que se llevaron a cabo tras el primer encuentro, comenzaron a debatir propuestas para modificar los montos de las notificaciones. “Queremos que bajen el precio. Hoy por hoy, está discutido si tienen validez las notificaciones que se hacen por fuera de las tres empresas reconocidas (Correo Argentino, OCA y Andreani)”, dijo uno de los organizadores del encuentro.

Entre las actividades realizadas, se mencionó una reunión, durante el mes de abril, con las autoridades de la Dirección Nacional de Promoción de Métodos Participativos de Justicia. Unos de los puntos centrales de ese encuentro fue el sistema vigente de información estadística, que obliga a los mediadores a entregar copias de las actas y de las notificaciones de las mediaciones privadas y públicas. “Buscamos que se utilice un sistema mejor”, explicó uno de los representantes de la Unión que estuvo presente.

También se avanzó en posibles modificaciones a la ley 24.573. Para ello se puso en marcha una encuesta interna. “Muchos de los presentes ya la contestaron. Los que no estaban lo van a poder hacer en los próximos días a través de nuestra página web”, dijo la misma fuente. Allí hay preguntas sobre el tema de los honorarios, el sistema de elección privada y el sistema de notificaciones, entre otros.

Mientras discuten distintas opciones para ampliar el instituto de la mediación a otros fueros, por ejemplo, los mediadores aguardan novedades sobre sus honorarios. “Hay un decreto que está a la firma en Presidencia que duplicará la escala”, aseguró Sergio Abrebaya, quien se mostró “conforme” con lo que sería el texto definitivo.

La nueva organización tiene pocos meses de vida. “El 1 de noviembre de 2006, ante la evidente necesidad de crear una fuerza mayor que posibilite ser escuchada a la hora de modificar el todo o parte del sistema de mediación prejudicial, comenzamos a reunirnos, auto-convocados, desde lo individual y distintos grupos de referencia en un conocido bar de la Calle Corrientes”, cuentan sus integrantes en la página web que crearon.

En la actualidad, el número de mediadores judiciales asciende a 4.800. Y poco más de la mitad se encuentra en actividad. Además, por año se producen aproximadamente unas 100 mil mediaciones, de las cuales se arreglan alrededor del 40%.