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JURISPRUDENCIA

Fallos para percibir la totalidad del honorario si la mediacion no se inicia en el plazo legal.


El texto del Art. 21 del Decreto 91/98 según la modificación introducida por el Decreto 1465/07 dispone que "Si promovido el procedimiento de mediación, éste se interrumpiese o fracasase y por cualquier causa no se iniciase el juicio por parte del reclamante dentro de los sesenta días corridos, quien promovió la mediación deberá abonar al mediador en concepto de honorarios la suma de pesos trescientos a cuenta de lo que correspondiese si se iniciara posteriormente la acción y se dictase sentencia o se arribase a un acuerdo. El plazo se contará desde el día en que se expidió el certificado negativo de mediación."

El texto es idéntico al del art 21 del Decreto 91/98 original, (solo se eleva el monto del honorario a cuenta) y sobre el cual, se dictaron múltiples fallos en los que se dispuso el pago del honorario completo del mediador (según el monto involucrado) con fundamento en principios constitucionales.

La Sala H de la CN Civ en autos "Fernández Lemoine c/Cocozza Donato Carlos s/ ejecución de honorarios (RecursoN°335.223, (dic.11, 2001) dispuso que se abonare el total del honorario de la mediadora, sosteniendo que " En la especie no sólo transcrurrió en exceso el plazo de sesenta días, sino que el lapso fue de más de un año, desde que aquella finalizó y se expidió el certificado negativo de mediación ….." "Es que, de otro modo, quién ha efectuado el trabajo encomendado cumpliendo con los requisitos que la ley exige para su habilitación como tal, quedaría a expensas de la voluntad de los particulares, que por desidia o abandono voluntario del ejercicio de su derecho ante la judicatura impedirían , en casos con las particularidades del presente , que se remunere "in totum" su labor profesional , lo que no se ajusta en modo alguno a la finalidad del Instituto bajo estudio"

"Además se estarían vulnerando principios de raigambre constitucional, que son el norte del ordenamiento jurídico, arts 14 y 17 de la Constitución Nacional, y se obviaría la naturaleza alimentaria del mentado honorario".

La Sala M de la CN en lo Civil, en autos "Fernández Lemoine María R. c/ Licari Salvador s/ ejecución de honorarios. Expte 83278/02 sostuvo en igual sentido que " De la lectura de la norma antes mencionada, se desprende el propósito de la misma de proteger los honorarios del mediador. Asi se contempla la posibilidad de cobrar $150 a cuenta de lo que correspondiera cuando no se iniciara el juicio por parte del reclamante dentro de los 60 días corridos. Teniendo en cuenta el mencionado propósito de la norma aludida, la circunstancia de que no se inicie el juicio, ello no puede redundar en perjuicio del mediador, ya que su trabajo fue realizado, y sólo le queda esperar cobrar sus honorarios. Adoptar el criterio contrario importaría burlar el derecho del mediador a percibir los honorarios dispuestos por la citada norma en los incisos 1 a 3. Además tal criterio se ajusta a la garantía constitucional dispuesta por el Art.14 bis referido a que por igual tarea corresponde igual remuneración"

La sala A de la misma CN en lo Civil ha dicho que " De modo que si la demanda no se inicia, el mediador se hace acreedor de la totalidad de los emolumentos que le corresponden, ya que de otro modo su retribución quedaría supeditada al mero voluntarismo de la parte de proceder o no al pleito, a su arbitrio, dejando al profesional , que ya ha cumplido su labor sin retribución " Sala cit. Noviembre 8, 2004 autos "Farías Ernesto Ac/ Marpaq S.A. , Lexis Nexis N° 35001309.

En el mismo sentido, cabe citar entre una infinidad de fallos coincidentes de las diversas salas de la Cámara Civil, los de la Sala J, de dic 29, 2005 en autos "Cavalcanti Rosa Ester c/ Corva Daniel Adolfo s/ ejecución de honorarios, Ley 24.573 ED. Agosto 2, 2006; el de autos "Curiel Judith Leonor c/Club Social y Deportivo Parque s/ ejecución de honorarios Ley 24573 Expte 42.281/2005 del 29/11/2005". También de la misma Sala ver "Lifchitz Carlos B c/ Yankelevich Mariana C s/Ejecución de honorarios Ley 24573", y Marta Susana c/ Fernández Hugo Daniel s/ Ejec de honorarios Ley 24573 (Sumario 17.202 de la Base de datos de la Secret de Jurisprudencia de la Cam.Civil (Boletín 5/2007), de la Sala G. autos "Murmis Mario c/Amigorena María s/ ejec de honorarios"del 30/6/2003, publicado en J.A. 2003-III-617.



Apelación Honorarios Mediación. Normativa Aplicable.

En las apelaciones relacionadas con cuestiones arancelarias previstas por la ley 24.573 es aplicable el art 244 del CPCC según el criterio rector del Plenario " Aguas Argentinas C/Blank" ( ED- 188-6-7)


"Lifchitz, Carlos B. c/Haberman, Pedro Sergio s/ejecución de honorarios-ley 24.573 - CNACiv. Sala "G"-Relación n° 444.063
I.Recurso de apelación subsidiario de fs.30/31: Sin perjuicio de lo decidido a fs.42 y a modo de introducción ante lo argumentado por el demandado a fs.41, es del caso señalar que la interpretación de las normas que en materia arancelaria contiene la ley 24.573, quedaría marginada del conocimiento de los jueces si se aplica la cuantía mínima para la apelación que determina el art.242 del cód. proc., ya que todos los montos que establece son inferiores a ella.
Así, ante el caso de ejecución de esos honorarios predeterminados por la ley, estima apropiado la Sala recurrir al art.244 de la ley adjetiva, por aplicación del criterio rector que inspiró el fallo plenario del 29-6-2000 en autos "Aguas Argentinas c/Blanck" (ED 188-6-7), que no es otro que la protección de la retribución profesional (cf.esta sala, r.398923 del 17-5-2002).


Juicio No Inciado Cobro de la Totalidad de los honorarios

La Cámara Civil Sala "J" y "G" confirman en su reiterada jurisprudencia sobre este tema que en el caso de no iniciarse el juicio dentro de los 60 dìas de finalizada la mediación corresponde a la requirente abonar al mediador la totalidad de sus honorarios.

Expte N° 97.606/2005 in re: 14/7/06 "Lifchitz, Carlos B. c/Yanquelevich, Mariana C. s/ejecución de honorarios-Ley 24.573" CNACiv Sala "J"
Fallo completo:

Y Vistos y Considerando:
Las presentes actuaciones vienen a la Sala con motivo de los recursos de apelación interpuestos a fs.70 por la actora y a fs.73 por la demandada, ambos contra la resolución de fs.65/67, los que fueron concedidos a fs.72 y 74, respectivamente. Los memoriales son presentados a fs.71 y 88/90 y sus contestaciones lucen a fs.79/82 y 94/95.
El decisorio apelado hace lugar parcialmente a la excepción de inhabilidad de título en lo que se refiere al cobro de la cantidad de $450, los cuales deberán ser merituados una vez que se dicte sentencia o se arribe a un acuerdo en los autos "Yankelevich Mariana Laura c/Cespón Adolfo Felipe s/cobro de sumas de dinero" (Expte n° 113.145/05), de conformidad con lo dispuesto por el art.21 del decreto 91/98. Asimismo, manda llevar adelante la ejecución hasta que la ejecutada Mariana Laura Yankelevich (Conf. rectificación de fs.72) haga íntegro pago al acreedor de la suma de $150 con más los intereses, que se fijan en el interés equivalente a la tasa pasiva promedio que publique el B.C.R.A. (art.61 in fine de la ley 21.839), con costas en el orden causado, atento la forma en que se decide la cuestión y por existir divergencias jurisprudenciales en torno al tema.
El actor se agravia por cuanto se hace lugar parcialmente a la excepción y se reduce el monto reclamado a pesos ciento cincuenta. En tanto la demandada se considera perjudicada por cuanto en la resolución no se ha tratado la temeridad y malicia que peticionara a fs.58 vta./59, y por la imposición de costas en el orden causado.
En al especia el actor inicia la ejecución de los honorarios devengados por su actuación como mediador en los autos: "Yankelevich Mariana Cristina c/Crespón Adolfo Felipe s/cobro de sumas de dinero", -conforme documentación dce fs.1/3- reclamando la suma de pesos seiscientos ($600) por aplicación de lo normado por el art. 21 del decreto 91/98 que reglamenta la ley de mediación obligatoria, con fundamento en que la requirente de la mediación fracasada, -que se inició por monto indeterminado, no promovió la acción judicial dentro del plazo previsto por la norma citada.
Por su parte la accionada, opone excepción de falsedad de la ejecutoria e inhabilidad de título, argumentando que no corresponde que a la fecha se le reclamen los honorarios en cuestión por cuanto el juicio principal se encuentra iniciado por ante el Juzgado del Fuero N° 41 y agregando además que aún en caso de que no se hubiese promovido la acción, el mediador solamente podría reclamar el cobro de $150.
Si bien la excepción de inhabilidad de título no está mencionada entre las defensas enumeradas en el art.506 del Código Procesal, corresponde admitirla -considerándola implícita en la falsedad de la ejecutoria prevista en el inc.1 de ese artículo-, si se cuestiona la falsedad de alguno de los requisitos del título ejecutorio, o de las condiciones exigidas para que proceda la ejecución de sentencia (CNFed Contencioso Administrativo, Sala IV, 1994/03/08, "Chiappe, Julio A.c/Expreso Tarducci S.C.C:", La Ley, 1994-D, 69), por lo que habremos de tratarla.
Respecto de la excepción de inhabilidad de título, es admisible cuando mediante ella se pone de manifiesto la falta de alguno de los presupuestos básicos del proceso de ejecución como son la vinculación jurídica de las partes y la exigibilidad de la deuda(CNCivil, Sala A, junio 14-1979, "Luppi, Elena L. y otra c/Anceda S.A:", red 14, pág.404, n° 2).
Enseña Palacio al respecto: "la excepción de inhabilidad de título, es viable en el caso de que se cuestione la idoneidad jurídica de aquél, sea porque no figura entre los mencionados por la ley, porque no reúne los requisitos a que ésta condiciona su fuerza ejecutiva (existencia de cantidad líquida, exigible, etc) o porque el ejecutante o el ejecutado carecen de legitimación procesal en razón de no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor" (Palacio, Derecho Procesal, VII, pág.424 y sus notas).
El inc. 3° del referido decreto establece que "...los honorarios del mediador en los asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a ... o se trate de asuntos en los que no se determinó el monto en el formulario del requerimiento", serán de $600 (pesos seiscientos) y, en cuanto atañe a la oportunidad de su pago, la misma estatuye que, si promovido el procedimiento de mediación, éste se interrumpiere o fracasare y por cualquier causa no se iniciare el juicio por parte del reclamante dentro de los 60 días corridos, aquél que promovió la mediación debe abonar al mediador, en concepto de honorarios, la suma de $150.-, a cuenta de lo que correspondiere si se iniciara posteriormente la acción y se dictare sentencia o se arribare a un acuerdo. Por último, cuadra apuntar que dispone que el plazo indicado se contará desde que se expidió el certificado negativo de mediación.
De la norma reseñada debe rescatarse un valor que trasciende la regulación puramente positiva y que, en cuanto a la materia en estudio concierne, traduce que el propósito de éste se endereza a la protección de los emolumentos del mediador, interpretación que se impone, de reparar que la norma contempla la posibilidad de cobrar $150 a cuenta de lo que correspondiere, en el supuesto de no iniciarse el juicio por parte del reclamante, dentro del plazo antes apuntado.
Desde esta perspectiva, en consonancia con lo sostenido por otras Salas del Tribunal, entendemos que el mediador que ha realizado la tarea prevista por la ley, procurando que las partes concilien sus posiciones en esta etapa previa al litigio, ha adquirido el derecho a percibir en forma íntegra los honorarios que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en los incisos 1 a 3 de la norma en estudio (Conf. esta Sala "in re": "Curiel, Leonor Judith c/Club Social y Deportivo Parque s/ejecución de honorarios - ley 24.573; Expte n° 42.261/2005, del 29/11/2005; "Cavalcanti Rosa Ester c/Corva Daniel Adolfo s/ejecución honorarios", expte n° 44694/2005, del 29/12/2005, del 29/12/2005, entre otros.)
De otro modo, olvidando la naturaleza alimentaria de los honorarios profesionales, se dejaría librado a la voluntad de quién requirió la mediación la posibilidad de que el mediador ejerza en debida forma su derecho remuneratorio, vulnerándose y restringiéndose así principios de raigambre constitucional amparados por los arts.14 bis y 17 de la Carta Magna (ver arg., esta Sala "in re": "Calcavanti Rosa Ester c/Corva Daniel Adolfo s/ejecución honorarios", expte 44694/2005, del 29/12/2005; Sala "H" in re, "Fernández Lemoine, María Rosa c/Cocozza, Donato Carlos s/ejecución de honorarios-Ley 24.573", R.335.723, del 11.12.2001; id. Sala "M", in re, "Fernández Lemoine, María Rosa c/Licari, Salvador s/ejecución de honorarios" del 17.02.2003, DJ. 2003-2-126).
Con la documentación arrimada por la propia excepcionante, surge que las actuaciones que dieran motivo a la mediación fueron iniciadas el día 26 de Diciembre de 2005 conforme surge del cargo que en fotocopia simple se adjuntó a fs.45.
Al respecto, obsérvase que al momento de incoarse la presente ejecución, -ver fecha del cargo de fs.6 vta. que determina el 15 de noviembre de 2005 como fecha de promoción de la presente-, el expediente principal no había sido iniciado, resultando por demás llamativo que el inicio del mismo lo haya sido con posterioridad a la fecha en que la interesada se presenta a fs. 21/22 a promover beneficio de litigar sin gastos en los presentes autos, con fecha 20 de diciembre de 2005, conforme da cuenta el cargo de fs.22.
Partiendo de tales premisas, no puede interpretarse válidamente que la norma prevea ante el supuesto de no iniciarse el juicio por la parte reclamante dentro del plazo de 60 días corridos, que el mediador no se encuentra habilitado para reclamar aquellos honorarios que en ésta se determinan. Ello importaría sostener que tiene como fin que tal circunstancia redunde en un perjuicio o menoscabo para el mediador que ha realizado su trabajo, a más de destacar que no se ajusta a la garantía constitucional de "igual remuneración por igual tarea".
Contrariamente a ello, las partes han suscripto el acta de fs.1, en la que el item "observaciones" está precisa y concretamente expresado que de no promoverse el juicio principal dentro de los 60 días a partir de la fecha de finalización de la mediación, se deben pagar $600 en concepto de honorarios del mediador interviniente.
Además de ello, teniendo en cuenta el principio de perentoriedad de los plazos consagrado por el art.155 del Código Procesal, resulta injusto que quién ha trabajado y llevado a cabo la tarea encomendada, se vea perjudicado por el accionar tardío de la demandada que una vez vencido el término de 60 días, promueve el juicio principal.
Es que, de otro modo quién ha efectuado el trabajo que le fuera encomendado, cumpliendo para ello con los requisitos que la ley exige para su habilitación como tal, quedaría a expensas de la voluntad de los particulares que, por desidia o abandono voluntario de su derecho ante la judicatura, impedirían que se remunere en forma íntegra su labor profesional (Sumario n° 15.503 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil-Boletín n° 16/2003).
En suma, al concurrir en la especie los recaudos contemplados en el art. 21 del decreto 91/98 para habilitar la vía prevista para el reclamo de los honorarios del mediador interviniente, en la medida que se desprende de los elementos de juicio arrimados la realización de la audiencia, el fracaso de la mediación, la falta de cuantificación del monto del asunto y el haber transcurrido en exceso el plazo previsto para iniciar la acción, deben atenderse los agravios vertidos por el actor y revocarse la decisión en crisis.
Por lo demás, siendo que el actor se presentó en tiempo y forma a hacer valer su derecho que le asiste, -ya que la mediación se cerró el día 30 de agosto de 2005 e inicia el presente el 15 de noviembre de 2005- no corresponde hacerlo pasible de sanción alguna por temeridad o malicia.
Contrariamente a ello, es a la incidentista y a su letrado a quienes habrá de decírseles que los términos vertidos en el memorial de agravios exceden el derecho del litigante a formular las críticas de la decisión judicial que considera errónea o injusta, en tanto no se ha ejercido esta facultad con prudencia, cuidando el estilo en el contenido del escrito, así como en los términos empleados, pudiendo entenderse sus dichos como un exceso de palabra en menoscabo de la dignidad del magistrado de grado. Es que la praxis del derecho merece y exige un ejercicio sabio, prudente y sereno no sólo por parte de los magistrados que deben atender los intereses de los justiciables, sino también de los abogados quienes, con el fin de no denigrar su tarea profesional deben brindar un adecuado patrocinio letrado a quienes acuden a la jurisdicción en ejercicio de sus derechos constitucionales.
En consonancia con ello, exhortamos a la demandada y a su letrado patrocinante Dr. Hernan Rodrigo Arcudi, para que en lo sucesivo se abstengan de efectuar manifestaciones impropias que no guardan relación con el decoro y la buena fé que deben primar en el proceso.
En su mérito, el Tribunal Resuelve: Modificar la resolución apelada de fs.65/67 con el alcance indicado en la presente, rechazando la excepción de inhabilidad de título y disponiendo, en consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución hasta que la demandada Mariana Laura Yankelevich haga íntegro pago de la suma de $600 reclamada por el ejecutante con más el interés equivalente a la tasa pasiva promedio que publique el B.C.R.A. (art.61 "in fine" de la ley 21839). Con costas de ambas instancias a la demandada vencida (art.69 y 161 inc 3 del Código Procesal).
Regístrese y devuélvase a la instancia de grado, sirviendo la presente de atenta nota de envío.Fdo: Marta del Rosario Mattera-Zulema Wilde-Ana M.Brilla de Serrat.

"Lifchitz, Carlos B. c/Haberman, Pedro Sergio s/ejecución de honorarios-ley 24.573 - CNACiv. Sala "G"-Relación n° 444.063
Fallo completo:

Buenos Aires, noviembre 25 de 2005.
Y Vistos y Considerando:
I.Recurso de apelación subsidiario de fs.30/31:
Sin perjuicio de lo decidido a fs.42 y a modo de introducción ante lo argumentado por el demandado a fs.41, es del caso señalar que la interpretación de las normas que en materia arancelaria contiene la ley 24.573, quedaría marginada del conocimiento de los jueces si se aplica la cuantía mínima para la apelación que determina el art.242 del cód. proc., ya que todos los montos que establece son inferiores a ella.
Así, ante el caso de ejecución de esos honorarios predeterminados por la ley, estima apropiado la Sala recurrir al art.244 de la ley adjetiva, por aplicación del criterio rector que inspiró el fallo plenario del 29-6-2000 en autos "Aguas Argentinas c/Blanck" (ED 188-6-7), que no es otro que la protección de la retribución profesional (cf.esta sala, r.398923 del 17-5-2002).
Precisado lo anterior, se agrega que la mediación iniciada a pedido del Sr. Pedro Sergio Haberman, concluyó el 19 de noviembre de 2004 al no comparecer la requerida a la primera audiencia señalada, a la cual sólo concurrieron el requiriente y su letrado (fs.2).
El 6 de mayo de 2005 el mediador inició estas actuaciones, afirmando que hasta tal fecha el proceso que motivó su intervención no había sido iniciado, extremo éste que no fue negado por el demandado, con independencia de las objeciones que resultan de su presentación de fs.11.
A tenor de los agravios de fs.30/31, el ejecutante centra sus quejas exclusivamente en cuanto al monto en ejecución admitido por la "a quo" ($150), pues entiende que -ante las previsiones del art.21 del decreto n°91/98 y la naturaleza de la cuestión sometida a mediación (tenencia de hijos), la cuantía resultaba indeterminada de modo que la retribución que le corresponde es de $600.-
Si -como se ha visto- transcurrieron más de cinco meses desde que concluyó la mediación sin que se iniciara el juicio respectivo, no cabe sino concluir que el mediador se ha hecho acreedor de la totalidad de los emolumentos que le corresponden.
Adviértase que el aquí actor -quién cumplió la tarea encomendada, por encontrarse legalmente habilitado para ello-, no puede quedar librado al arbitrio del interesado para obtener su remuneración integral, pues tal postura importaría someterlo injustamente a la desidia o abandono voluntario del derecho por parte del requirente (cf. CNCiv., sala H, r.335223 del 11-12-01; sala M, r.83278 del 17-2-03; esta sala, r.402684 del 2-6-04 y 402276 del 9-9-2004 y sus citas). Corresponde en suma fijar sus emolumentos en la suma que autoriza el art.21, inc.3, del decreto reglamentario n°91/98.
II. Recurso de apelación de fs.37: No deja la Sala de advertir que -ante lo decidido en el punto precedente- la cuestión en
examen cae en la esfera de la abstracción, ya que -en definitiva- progresa la pretensión del mediador.
Sin embargo, es del caso precisar que la correcta decisión de la "a quo" de fs.34 ningún
agravio irreparable ocasionaba al peticionario (pues su recurso ya había sido concedido), de modo que no se configura en la especie el requisito esencial para la viabilidad de la apelación (cf. Fassi-Yañez, "Código...",2.276, n° 7; CNCiv., esta Sala, r.246910 del 2-6-98; y r. 269571, del 11-5-99, entre otros).
Por lo expuesto, se resuelve: I. Modificar el punto "III", apartado "I" de la resolución de fs.28/9; y, en consecuencia, establecer que el actor tiene derecho a percibir del demandado las sumas pertinentes hasta integrar la suma de seiscientos pesos ($600) que le corresponde; con más sus intereses a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA, desde la fecha de notificación del reclamo en examen (fs.13). II. Declarar mal concedido a fs.38, el recurso de apelación de fs.37. III. Establecer que, en ambos casos, no se imponen costas de alzada por no haberse respondido los memoriales. Devuélvase la causa sin más trámite a la anterior instancia, a la cual se encomienda practicar la notificación del caso. Por vacancia de la vocalía n°20, integra la Sala el Dr.Omar Jesús Cancela según Resolución n°353/2005 de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Fdo: Carlos A. Bellucci-Omar J.Cancela-Leopoldo Montes de Oca.


FALLO SOBRE HONORARIOS

1-Honorarios.- Fracaso de la Mediación .- Falta de Inicio del Proceso Judicial
2-Honorarios.- Caducidad de Instancia.- Juicio Iniciado y Abandono del Proceso.-
3.- Honorarios .- Juicio Iniciado.- Transacción Judicial.- Costas- Falta de estipulación
4.-Honorarios . Juicio Iniciado.- Solidaridad.- Actuación en interés de ambas partes.
5.- Honorarios del Mediador.- Alimentos.- Monto.
6.- Honorarios.- Oposición del Mediador a cualquier acto de Disposición.-
7.- Honorarios.- Beneficio de Litigar sin gastos.-
8.- Honorarios.- Plazo de Prescripción para su cobro.-

1.1-Honorarios.- Fracaso de la Mediación .- Falta de Inicio del Proceso Judicial

1.-El art. 21, inciso 3 del decreto reglamentario de la ley 24573 dispone, que en los asuntos en los que no se determine el monto en el formulario de requerimiento el honorario del mediador ascenderá a la suma de $600.- La misma norma prevé " si promovido el procedimiento de mediación, este se interrumpiere, o cesare y por cualquier causa no se iniciare el juicio por parte del reclamante dentro de los sesenta ( 60 ) dias corridos, quien promovió la mediación debe abonar al mediador la suma de pesos ($150) a cuenta de lo que correspondiere si se iniciara posteriormente la acción y se dictare sentencia o se arribare a un acuerdo el mediador tiene derecho a perseguir el cobro de la suma de $150 a cuenta, esta cantidad no puede ser nunca considerada como la retribución final que corresponde al mediador. La retribución final esta representada por la suma de $600.- Sentado esto es útil recordar que el art. 21 del decreto reglamentario dispone que en caso de que el reclamante desista de la mediación cuando el mediador ya ha tomado conocimiento de su designación, a este le corresponderá la mitad de los honorarios a que hubiere tenido derecho en el supuesto de concluir la mediación" la mitad debe entenderse la suma de $300.-y esa cantidad se establece para el caso de que el mediador sòlo haya tomado conocimiento de su designación sin que se exija de su parte actuación alguna.
CNac Civil Sala C, "Magariños María del Carmen C/ Batco S.A" (14-11-02) .-

2 .-La circunstancia de que el requirente no haya promovido los procesos a que se refiere el formulario de mediación, a más de dos años de su finalización , permite brindar una solución análoga a la prevista por la ley para el caso de desistimiento de la mediación, extremo que conduciría a fijar la retribución del mediador en la mitad de la suma prevista en el inc 3 del art 21 del Decreto Reglamentario 91/98.-
C.Nac Civil Sala C 5/9/2002, Scheiner Graciela S C/ De Cillia Eleonora S. S/ Ejecucion de Honorarios. Jurisp Argentina Tomo IV 2002.-
Comentario: En el caso el Tribunal entendió que era de aplicación las normas del art 6 de la Res MJ 465/99 referentes al desistimiento de la mediación ya que a) el interés por el cuál el requirente solicitó la mediación fue satistecho a raiz de la solución de otro conflicto, b) que la mediadora no llegó a tomar contacto con los interesados debido a que no fue posible la notificación del requerido. No obstante el caso particular el fallo en sus fundamentos interpreta el texto del inc 3 del art 21 del Decreto 91/98 estableciendo: " De los párrafos transcriptos se colige que si el mediador tiene derecho a perseguir el cobro de la suma de $ 150 a cuenta, esta cantidad no puede ser nunca considerada como la retribución final que corresponde al mediador: La remuneración final está representada por la suma de $ 600 que rige como principio general en los supuestos del inc 3 del art 21 citado. En conclusión no se modifica por la expresión... a cuenta de lo que correspondiere si se inciara posteriormente la acción y se dictare sentencia o se arribare a un acuerdo. Es que, si asi no fuese, la retribución del mediador estaría supeditada al arbitrio de los destinatarios de la Mediación, quienes podrían alegar que fracasó la mediación, no iniciar nunca el proceso y pretender liberarse del pago de la retribución prevista en el inc 3. En otras palabras no parece adecuada a una recta interpretación de la norma que pueda reducirse el honorario que se le reconoce al mediador - a quien, obviamente le está vedada la facultad de iniciar el proceso judicial- por la mera voluntad de los obligados.

3.-Si luego de promovido el procedimiento de mediación, no obstante haber transcurrido el lapso de más de un año desde que aquella finalizó y se expidió el certificado negativo previsto en el art 21 del decreto Reg 91/98, el reclamante no inició el juicio, el mediador se hace acreedor de la totalidad de los emolumentos que le corresponden. Es que, de otro modo quien ha efectuado el trabajo que se le ha encomendado, cumpliendo para ello con los requisitos que la ley exige para su habilitación como tal, quedaria a expensas de la voluntad de los particularees, que, por desidia o abandono voluntario de su derecho ante la judicatura, impediaria que se remunere en forma integra su labor porfesional.
C. Nac Civ Sala H. "Fernandez Lemoine Maria Rosa C/ Cocoza Donato Carlos s/ Ejecución de Honorarios" Sumario 15.503 de la base de datos de la Secretaria de Jurisprudencia de la Cámara Civil.

4.- La circunstancia de que no se inicie juicio por parte del reclamante dentro del plazo de 60 días previsto en el el art 21 del Decreto Reg 91/98 no puede redundar en perjuicio del mediador, ya que su trabajo fue realizado y sólo le queda esperar el cobro de sus honorarios. Adoptar el criterio contrario importaria violar el derecho del mediador a percibir los honorarios dispuestos en la mencionada norma en los incisos 1 a 3. Además, tal criterio se ajusta a la garantía dispuesta por el art 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto a que por igual tarea corresponde igual remuneración.
CNac Civ Sala M. Fernandez Lemoine, Maria Rosa C/ Licari Salvador S/ Ejecución de Honorarios.- Sumario N|° 15.504 de la base de datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil.
Comentario: En el presente caso si bien la Cámara no decide sobre el fondo de la cuestión ya que se trataba de fijar un monto para la intimación de pago, revoca la sentencia de primera instancia que ordenaba la intimación sólo por la suma de $ 150 y dispuso que se efectuara por la suma de $ 600.

5 El propósito de lo dispuesto por el art 21 decreto 91/98 es proteger los honorarios del mediador. De alli que si transcurridos los sesenta días corridos a que alude la norma citada el juicio aún no fue iniciado, ello no puede redundar en perjuicio del mediador, ya que su trabajo fue realizado y sólo le queda esperar cobrar sus honorarios. Dicho criterio se ajusta a la garantia constitucional dispuesta por el art 14 bis de referido a que por igual tarea corresponde igual remuneración.-
CNac Civil Sala M 30/6/2003 "Mumis Mario C/ Amigorena Maria S/ Ejecución de Honorarios J.A 2003- IV- pág 617.
Comentario: En el caso el Tribunal resolvió revocar la sentencia de primera instancia y mandar llevar adelante la ejecución hasta hacerse integro pago del capital ($600) intereses y costas de ambas instancias (art 558 CPCCN).-

6.- Si transcurridos los sesenta días corridos la demanda no fue promovida, el mediador únicamente será acreedor por la suma de $ 150, los que serán imputados en concepto de honorarios a cuenta de lo en el futuro pudiera derivarse de comprobarse que el resultado de la discusión fue otro.
CNac Civ Sala K 30/6/2003 " Cataldi Ofelia C/ Simari Jorge L S/ Ejecución de Honorarios. JA 2003- IV.- 616.-
Comentario: En el caso de autos la mediadora promovió la ejecución a los 5 días del cierre de la mediación, por lo que la Cámara entendió que no estaban dados los requisitos del art 21 inc 3 del Decreto 91/98 por no haber transcurrido los 60 días que exige el decreto.
7.- No puede interpretarse válidamente que el art. 21 del decreto 91/98, que reglamenta la ley de mediación obligatoria, prevea ante el supuesto de no iniciarse el juicio por la parte reclamante dentro del plazo de sesenta días corridos que el mediador no se encuentra habilitado para reclamar aquellos honorarios que en ésta se determinan, ello importaría sostener que tiene como fin que tal circunstancia redunde en un perjuicio o menoscabo para el mediador que ha realizado su trabajo, a más de destacar que no se ajusta a la garantía constitucional de igual remuneración por igual tarea
CNac Civil Sala J, en "Cavalcanti, Rosa Este c/ Corva, Daniel Adolfo s/ Ejecución de honorarios - ley 24.573".- Expte 44.694/2005.-

8.- Desde esta perspectiva, en consonancia con lo sostenido por otras salas del tribunal entendemos que el mediador que ha realizado la tarea prevista por la ley, procurando que las partes concilien sus posiciones en esta etapa previa al litigio, ha adquirido el derecho de percibir en forma íntegra los honorarios que le corresponden de acuerdo con lo dispuesto en los incs 1 a 3 de la norma en estudio ( conf esta sala in re " Curiel, Leonor J v/ Club Social y Deportivo Parque S/ Ejecución de Honorarios ley 24.573, Expte 42.262/2005, del 29/11/2005) .De otro modo, olvidando la naturaleza alimentaria de los honorarios profesionales, se dejaría librado a la voluntad de quien requirió la mediación la posibilidad de que el mediador ejerza en debida forma su derecho remuneratorio, vulnerándose y restringiéndose así principios de raigambre constitucional de los arts 14 bis".
CNac Civil Sala J "Re, Marta C/ Fernandez Hugo D". 26/9/2006.-

9.- Es cierto que conforme prevé la norma mencionada si la mediación fracasare y no se iniciare la acción dentro de los 60 días, el promoviente de la instancia mediadora debe abonar al mediador la suma de $ 150. Pero dicha cancelación debe ser considerada parcial a cuenta de lo que correspondiere si posteriormente se incoara la demanda, conforme los términos del propio art 21. De modo que si la demanda no se inicia, el mediador se hace acreedor de la totalidad de los emolumentos que le corresponden, ya que de otro modo su retribución quedaría supeditada al mero voluntarismo de la parte de proceder o no al pleito a su arbitrio dejando al profesional que ya ha cumplido con su labor, sin retribución.
CNac Com Sala A " Farias, Ernesto a C/ Marpaq S.A .- 8/11/2004.

2. Honorarios.- Caducidad de Instancia.-Juicio Iniciado y Abandono del Proceso.- Petición por quien no es parte Mediador.

1.-En virtud de la concreta enunciación de posibles peticionarios que formula el art 315 del Código Procesal, resulta descartada la posibilidad de que la declaración de caducidad sea requerida por quienes no revisten el carácter de partes. En consecuencia, la perención que acusa el mediador no puede prosperar, toda vez que el hecho que este pretenda el cobro de sus honorarios no puede sustentar la legitimación que invoca, en tanto su intervención en el conflicto suscitado entre las partes no trasciende el {ambito de la ley 24.573 de mediación.
CNac Civil Sala L " Bellizi maria Laura C/ Angeli Juan Jorge y otros S/ Daños y Perjuicos 10-2-99. Idem Sala K "M, C.A c/ S.V s/ Disminución de cuota alimentaria . 13/11/2001 .
Comentario: "Siendo procedente la caducidad en orden a lo previsto en el art 310 del CPC, no concurriendo los supuestos de excepción que contempla el art 313, a pedido del mediador el juez debe decretar la caducidad en uso de las facultades previstas en el art 316 del citado cuerpo legal". Texto extraido del artículo. "Algunas Reflexiones en materia de honorarios del mediador en las mediaciones públicas cuando fracasa la mediación". Silvina Peralta ED 211 pág 379 a 382.-

3.- Honorarios.- Juicio Iniciado.- Transacción Judicial.- Costas- Falta de estipulación.

La ley 24.573 instauró con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio. Se trata de un recaudo previo para poder acceder a la justicia, que se ha calificado como un requisito de la acción, puesto que sin haberse acreditado el paso por la mediación- mediante el certificado pertinente expedido por el mediador inscripto- no será posible demandar.-
De ello se infiere que la actuación del mediador se cumple en interés de ambas partes, con prescindencia del resultado final del pleito y con independencia del curso de las costas.
Así se ha sostenido, que si el juicio concluye por transacción, habrá de estarse a lo pactado por las partes sobre las costas del juicio. En este caso, deberá soportar los honorarios debidos al mediador la parte que asumió la carga de las costas.- Pero si nada se pactó sobre el punto, se presume que son por su orden y las comunes por mitades. En esta hipótesis, los honorarios del mediador deberán ser soportados por las dos partes, puesto que la mediación se trató de un trámite común a ellas. Esta solución propuesta para la transacción debe aplicarse al supuesto de la conciliación.- Por ello y en el particular donde las partes convinieron las costas en el orden causado, corresponde que el honorario del mediador - por tratarse de un trámite común- sea soportado por mitades.
Can Nac Civil Sala H , E., E. M y otros C/ R,.J. O Lexis N° 1/1009707.-

4.-Honorarios . Juicio Iniciado.- Solidaridad.- Actuación en interés de ambas partes.-

Como la mediadora no participó en el convenio celebrado por las partes y su actuación se amplió en interés de ambas partes con prescindencia del resultado del pleito y con independencia del curso de las costas, las partes están obligadas en forma solidaria al pago de honorarios de la misma.
C Com Sala A-Ginanni SRL C/ Obrinter SRL ( L Ley 1999. E 489)
Comentario: En el presente fallo la Sala consideró que la actuación de la mediadora se cumplió en interés de ambas partes, con prescindencia del resultado final del juicio, y con independencia de las costas, y que las partes por consiguiente estaban obligadas en forma solidaria al pago de los honorarios de la misma. Por lo que en este caso la mediadora podía ejecutar sus derechos en torno a la totalidad del monto de los mismos contra cualquiera de las partes obligadas al pago, sin perjuicio de que aquellas pudieran repetirse entre si en la proporción que corresponda.

5.- Honorarios del Mediador.- Alimentos.- Monto.

Los honorarios del mediador en una mediación familiar en materia de alimentos en los que se arribe a un acuerdo o en juicio sobre alimentos iniciado con posterioridad al cierre negativo de la mediación, presenta una cuestión imperativa en cuanto al monto que el corresponde asignar con motivo de su actuación profesional .
La retribución de los mediadores, ha sido establecida en montos fijos, tal cual lo estipula el art 21 de la Ley 24.573, y como consecuencia del mismo, a través de los decretos reglamentarios, el derogado 1021/95, y el vigente 91/98.
Los interrogantes para determinar cuál es dicho monto, radican en que en materia de alimentos, se trata de prestaciones periódicas, variables en el tiempo, aumento o disminución de la cuota, acuerdo de prestaciones en especie de dificil estimación.
No obstante consideramos razonable, tal como se refleja en el requerimiento del mediador y en las sentencias que comentamos, que para fijar la base sobre la cuál se aplicará la base arancelaria del mediador en el juicio de alimentos o sus incidentes deberá tomarse en cuenta el -valor- de la cuota acordada en la etapa previa prejudicial obligatoria, o durante el trámite del juicio, incluyendo las prestaciones en dinero y valor equivalente a la que se estipulen en especie, o la suma fijada por la sentencia, aplicándose analógicamente el art 25 de la ley 21.839 ( aranceles de abogados y procuradores), esto es que en la pauta establecida en la ley arancelaria, se compute los alimentos correspondientes a un año, y ese monto sumado, encuadre en la escala establecida en el art 21 del dec 91/98, para la determinación del honorario del mediador.
Esta conclusión, es coherente con la remisión que el art 27 de la ley 24.573 efectúa a las disposiciones de la ley 24.432, modificatoria de la ley 21.839, a los fines de establecer el régimen de ley aplicable para la regulación de honorarios de los letrados que patrocinaran en la gestión mediadora a falta de convenio( conf.Claudia Inés D´Acunto- Marta del Rosario Mattera " Mediación Familiar: Alimentos Retroactividad de la cuota, Honorarios del Mediador. ED t 182, p 1052 y sigtes.)
CNacCiv Sala J, noviembre del 2000 P.A.E.c/ CH CBS/ Aumento de Cuota Alimentaria.- La Ley T 2001 E pág 1067.-


6.- Honorarios.- Oposición del Mediador a cualquier acto de Disposición.-

El recaudo prescripto por el art 55 de la Ley de aranceles deberá ser cumplido ineludiblemente respecto de los profesionales", con carácter previo a cualquier acto de disposición del bien objeto del presente pleito".- La disposición anláoga pero especiífica para los mediadores de la ley 24.573, surge del art 21 del dec 91/98, cuando expresamente menciona " la conclusión de proceso le debe ser notificada y debe ser citado, antes de disponerse el archivo o la paralización de las actuaciones o de homologarse algún acuerdo que ponga fin al juicio"
Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil N° 54 8/11/2001.- La Ley T 2001 E pág 1069.

Comentario: Las partes presentan un acuerdo conciliatorio en sede judicial, dónde convienen las " costas por su orden", el que fue homologado judicialmente. No obstante encontrase firmes y consentidas las pertinentes intimaciones de pago de los honorarios del mediador, los mismos no son abonados, continuando las actuaciones en orden al trámite de la instancia principal. La parte solicita el levantamiento de la cautelar trabada. El Juzgado si bien hace lugar al mismo requiere que previamente se cite al mediador en los términos del art 55 de la Ley 21.839. El mediador contesta el traslado formulando "oposición a cualquier acto que implique disposición de fondos" o el levantamiento de la cautelar hasta tanto se hagan efectivos sus honorarios. El juez tiene por presentado al mediador y tiene presente la oposición formulada, con notificación de la misma a las partes.

7.- Honorarios.- Beneficio de Litigar sin gastos.

1.- Si el actor antes de llevarse a cabo la mediación, promovió el beneficio de litigar sin gastos, este debe suspenderse durante su curso. Es que las partes, a través del instituto de la mediación, pueden llegar a un convenio que satisfaga plenamente los requerimientos del accionante y, en consecuencia, otorgarle viabilidad al incidente implica un dispendio jurisdiccional innecesario.
CNac Civil Sala J Capasso Sabino C/ Instituto Merieux Argentina S.A y otro s/ Beneficio de litigar sin gastos.
2.- En tanto la gestión del trámite de la mediación - prerrequisito de la acción- conlleva la erogación de ciertos gastos e incluso costas que podrían limitar el acceso a la justicia de quienes carecen de recursos, ante la ausencia de disposiciones en contrario, resultan aplicables en lo pertinente, las disposiciones contenidas en el art 78 y sgtes del Código Procesal Civil y Comercial.
CNac Civil, Sala I Andretta Olga l C/ Ruibal Jorge y otro . La Ley 1999 A pág 86.

Comentario: De los dos fallos transcriptos surgen dos interpretaciones diferentes en cuanto a la procedencia del beneficio de litigar sin gastos iniciado antes del proceso de mediación.
En los autos Capasso Sabino C/ Instituto Merieux Argentina S.A y otro la Sala J entendió con un criterio acertado que las partes pueden llegar mediante el proceso de mediación a un acuerdo que resulte favorable a los intereses de quien promueve el incidente, por lo que opta por la suspensión del beneficio a los efectos de evitar el dispendio de la actividad jurisdiccional.
Si no atenemos a la naturaleza prejudicial de la mediación y por lo tanto encontrarse fuera del proceso judicial, la aplicación analógica del art 78 del CPC deviene extemporánea ya que en esta etapa todavia no está determinada la posibilidad de la iniciación de la demanda.
Si bien la jurisprudencia que admite la procedencia del beneficio antes de la etapa de la mediación se fundamenta en la protección del acceso a la justicia, esta no se veria afectada en esta etapa, dado que recién luego de finalizada la mediación con o sin acuerdo quedaría expedita la via para promover el incidente.


8.- Honorarios.- Plazo de Prescripción para iniciar la acciòn de ejecución.


El Tribunal, por su parte, interpreta que la prescripción bienal del art. 4032: 1) CódigoCivil, rige siempre que corresponda a trabajos judiciales, que no hayan merecido regulación.En la especie, dichos extremos no confluyen, en tanto, las labores desarrolladas en el proceso de mediación revisten naturaleza extrajudicial; además, la retribución correspondiente a las mismas, se halla estipulada por una norma legal (decreto 91/98).En el caso la prescripción decenal es la dispuesta por el artículo 4023 del Código Civil.
(Juz Com. 17, Sec. 34, noviembre 28, 2003). Facal, Alejandro c/ Viajes Futuro S.R.L. s/ejecutivo. El fallo quedó firme.

Toda vez que la fijaciòn judicial de honorarios por la tarea de la gestiòn mediadora de los letrados està expresamente prevista en la ley 24573, que remite en sus efectos a la aplicaciòn de la ley 24.432, y en tanto el rocedimiento de mediaciòn obligatoria apunta a la soluciòn judicial de controversias ( ley 24.573 art1), cabe su concreto encuadre dentro de este tipo de labores ( ley 21.839 art 57 t.o por ley 24.432).
Lopez Atttias Mónica con Tedesco Susana S/ Eje. de Honorarios 13/5/99

Comentario: Acorde a la interpretación de los fallos judiciales el plazo de prescripción es el decenal del artìculo 4023 del Código Civil ya que la labor del mediador se considera como una labor extrajudicial.


INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 21

CONTESTA TRASLADO. RESOLUCION

secretaria42@cncom.gov.ar
1282
PODER JUDICIAL DE LA NACION
JUZGADO NACIONAL COMERCIAL N*21 SECRETARIA N* 42
027088 JOSE LOZANO SA Y OTRO C/BANCO RIO DE LA PLATA SA S/ Ordinario
(CONTESTA TRASLADO. RESOLUCION)
*72891550*

Buenos Aires, 26 de Abril de 2007.-GCG
AUTOS Y VISTOS:
1. Por contestado el traslado.-
2. A fs. 1247/8 se presentó la mediadora y solicitó la intimación al demandado (no condenado en costas) para el pago de sus emolumentos profesionales.
3. A fs. 1280/1, contestó el demandado y solicitó se desestime lo solicitado con los argumentos expuestos en la pieza procesal en exámen.-
La parte demandada pretende una estricta aplicación del precepto que fluye del Decreto 91/98 que reglamenta la Ley 24.573. Así, es del caso señalar, que resulta indispensable una aplicación armónica de las citadas normas e incluso las que emanan de nuestro ordenamiento Procesal y del propio Código Civil (art. 3.900).-
Efectivamente, si bien el honorario del mediador integra las costas del litigio y debe ser afrontado por quien resultó condenado, teniendo en cuenta la naturaleza de su función impuesta por la ley 24.573 no puede quedar sometido a las contingencias del proceso, por cuanto quedaría desnaturalizada su función.-
Sin embargo, en lo que hace a la ejecución del honorario por parte del mediador, la solución a adoptarse debe tener en cuenta el propio espíritu de la propia ley . En efecto el art. 1 de la ley 24.573 claramente expresa que '..el procedimiento estatuído tiene como finalidad el promover la comunicación entre las partes para la solución de la controversia..' (sic). y con ello queda absolutamente claro que su actividad resulta ser eminentemente útil y en beneficio de ambas partes, revistiendo el carácter de gasto de justicia (art. 3.900 del Código Civil).-
Ante la defensa opuesta por el demandado, cabe analizar si la norma reglamentaria (Decreto 91/98) resulta ajustada a su espíritu de la ley que intenta reglamentar o resulta ser contraria a su naturaleza.-
En efecto, el carácter obligatorio del procedimiento previo de mediación -conf. art. 1 ley 24.573- se instituye en pos de procurar la negociación y solución consensuada de un conflicto, a partir de la intervención de un agente idóneo al efecto. De manera que independientemente del resultado que tal proceder arroje, lo cierto es que la actuación del mediador se presume que ha sido cumplida en el interés de ambas partes.
Si bien el suscripto considera que efectivamente el honorario del mediador integra la condena en costas, resulta violatorio a la norma citada ut supra el atar su percepción a la suerte de tal circunstancia tal como lo establece el art. 21 del Decreto reglamentario 91/98 .-
Ello es así por cuanto las Leyes Nacionales dictadas conforme la Constitución, son normas básicas de la Nación y a ellas deben adecuarse todos los actos gubernamentales. En el orden jerarquico de la Constitución, las leyes sancionadas por el Congreso son inmediatamente posteriores a las disposiciones de la ley Fundamental y de los tratados internaciones, tal como lo establece el art. 28 de la Constitución Nacional.-
La validez de esta conclusión está supeditada a que las leyes nacionales no alteren los principios, garantías y derechos regulados por la Constitución.-
El principio de supremacía Constitucional, que subordina la validez de las normas jurídicas a su adecuación formal y sustancial a las disposiciones contenidas en la ley fundamental, carecería de relevancia práctica si estuviera desprovisto de alguna técnica apropiada para hacerlo efectivo frente a un tratdo, una ley , un decreto del poder ejecutivo o una setencia judidicial que se encuentre en pugna con la Constitución Nacional.-
No resulta suficiente con proclamar dogmáticamente la supremacía de la Constitución Nacional, sino que además es necesario establecer algún procedimiento que permita su instrumentación.-
En este orden de ideas, si bien -como principio general- la actividad jurisdiccional de los tribunales respecto del ejercicio del control de constitucionalidad de una norma determinada y aplicable para resolver el caso sometido a consideración de los jueces está condicionado al pedido formulado por las partes intervinientes; siendo que la función de la judicatura es la de aplicar las normas jurídicas que se adecúan a la Constitución Nacional y que es un deber institucional velar por la supremacía de la Ley Fundamental, no resulta razonable el abstenerse de declarar su inconstitucionalidad cuando ella es manifiesta y así lo advierte el suscripto en el caso.-
Sentado ello, solo cabe advertir que el suscripto encuentra una abierta contradicción entre el art. 21 del Decreto 91/98, con la propia ley que intenta reglamentar la 24.573 al violentar la propia naturaleza de la función del mediador establecida en su art. 1 y ss.
Ello, sin dejar de advertir que los gastos de justicia, como lo es el honorario del mediador debe colocarse de resalto que los gastos de justicia son créditos privilegiados, que se encuentran en primer orden, pues a través de ellos se ha beneficiado a todos los acreedores (CNCIV. Sala A, 13/8/97 LL ejemplar del 16/4/98) y es que teniendo en cuenta el privilegio que le asiste y la naturaleza de la actuación del mediador que se desestima la oposición ensayada.-
4. Por todo lo expuesto, RESUELVO:
I. Declarar la inconstitucionalidad del art. 21 del Decreto ley 91/98.-
II. Desestimar el planteo formulado por el Banco Rio de la Plata a fs. 1280, intimándolo a abonar los honorarios del mediador bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
III. Las costas de la incidencia se imponen al vencido (art. 69 Cpr.)
VI. Notifiquese
German Paez Castañeda
Juez


MEDIADORES JUDICIALES. info@ump.org.ar